El combo parece ideal: el Gobierno asume el control de la empresa, retoma la iniciativa política, capitaliza el fervor nacionalista y tapa otros graves problemas. El rédito político es muy atractivo y se logra sin haber usado las reservas del BCRA, ni los fondos de la Anses, ni ningún otro.

En pocas semanas más, el proyecto de expropiación será sancionado por el Congreso con abrumadora mayoría. Ni a los legisladores más legalistas les parece importante detenerse en dos flagrantes violaciones a la Constitución nacional: 1) para intervenir una empresa privada no basta un DNU, sino que se requiere una decisión judicial, y 2) la Constitución exige que el Gobierno expropiante pague el precio (indemnización) por el bien o empresa antes de tomar su posesión. La Constitución estableció esa garantía al derecho de propiedad para evitar que el Gobierno -como hacían los monarcas del siglo XVII-vayan por la vida tomando bienes o empresas sin asumir un costo. Nada de esto ocurrió. Pero los legisladores no quieren aparecer como defensores de una empresa extranjera.

Ahora que el Gobierno ya tiene el control de la empresa sin haber pagado un peso, ¿qué interés puede tener en negociar con Repsol un precio? Dejará que el debate se empantane en larguísimos juicios y sentencias.

DE LA PROMOCION DEL EMPLEO DE LOS TRABAJADORES TEMPORARIOS

CAPITULO I

Del servicio público de empleo para trabajadores temporarios de la actividad agraria

ARTICULO 65. — Creación del servicio de empleo para trabajadores temporarios de la actividad agraria. Créase el Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria, que comprenderá a todos los trabajadores temporarios que desarrollen tareas en actividades de carácter cíclico o estacional o aquéllas que por procesos temporales propios lo demanden.

ARTICULO 66. — Uso obligatorio del Servicio de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria. El Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria será de utilización obligatoria para los empleadores y funcionará en las gerencias de empleo y capacitación laboral de la Dirección Nacional del Servicio Federal de Empleo de la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. La reglamentación podrá establecer excepciones a la utilización obligatoria de este servicio, sustituirlo o disponer mecanismos de promoción a favor de aquellos que lo utilicen.

ARTICULO 67. — Celebración de convenios. Autorízase a la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a celebrar convenios con los municipios a fin de implementar el Servicio Público de Empleo para Trabajadores Temporarios de la Actividad Agraria en las respectivas jurisdicciones.

ARTICULO 68. — Facultades del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Facúltase al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para dictar las normas complementarias y aclaratorias que resulten pertinentes.
CAPITULO II

De las bolsas de trabajo a cargo de las asociaciones sindicales

Tribunal: Corte Suprema de Justicia de la Nación
Fecha: 8-nov-2011
La Corte Suprema de Justicia de la Nación interpretó que el “derecho al olvido” consagrado en el art.
26, punto 4º de la ley de Protección de Datos Personales, en cuanto prohibe archivar, registrar o ceder
datos personales de deudores morosos más allá de los 5 años, se aplica aun cuando la obligación
incumplida resulte jurídicamente exigible, por no haberse operado la prescripción liberatoria.
Sumario: