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    Portal-Juridico - INDEMNIZACIÓN DEL DERECHO CIVIL POR RIESGOS DEL TRABAJO
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    OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR - RESPONSABILIDAD DEL ESTADO - HIGIENE Y
    SEGURIDAD DEL TRABAJADOR - ACCIDENTE DE TRABAJO - INDEMNIZACIÓN POR
    RIESGOS DEL TRABAJO
    Título: Responsabilidad civil de las ART en virtud del artículo 1074 del Código Civil
    Autor: Schick, Horacio
    Fecha: 25-sep-2009
    Cita: MJ-DOC-4396-AR | MJD4396
    Producto: MJ
    I. INTRODUCCIÓN
    La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dictado un trascendente pronunciamiento en la causa
    "Torillo"(1), en el cual sienta la doctrina definitiva de que las aseguradoras de riesgos del trabajo
    (ART) deben responder civilmente por los daños que sufra un trabajador a raíz de una enfermedad o
    accidente laboral, siempre que se demuestre la existencia de un nexo de causalidad entre el daño en la
    persona y la omisión o deficiencia en el cumplimiento por parte de la ART de sus deberes legales en
    materia de prevención y seguridad en el trabajo.
    Para interiorizarse en la comprensión de este tema y en el análisis del fallo parece necesario efectuar
    algunas precisiones previas, respecto de los importantes antecedentes en la materia.
    La Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) establece en primer lugar obligaciones a las ART en su condición
    de aseguradoras. Esto significa que deben dar asistencia médica, farmacológica, rehabilitatoria y otras
    prestaciones en especie al trabajador. También deben abonar al damnificado las prestaciones dinerarias
    (indemnizaciones tarifadas) por incapacidad laboral temporaria y por incapacidad laboral permanente.
    Pero las ART no son solo compañías aseguradoras sino que la LRT las obliga además, a promover la
    prevención de los riesgos, a adoptar expresos deberes de contralor del cumplimiento, por parte de las
    empleadoras afiliadas a cada ART, de las normas de prevención y seguridad que la propia Ley 24.557,
    la Ley de Higiene y Seguridad 19.587 y sus decretos reglamentarios disponen y en su caso están
    obligadas a denunciar ante la SRT los incumplimientos que verifique en sus aseguradas. También
    deben brindar capacitación en materia de prevención a los trabajadores. Estas obligaciones surgen de
    los arts. 4 -inc.1- y 31 de la LRT y del Decreto 170/96 .
    La normativa citada permite inferir entonces, a diferencia de los sistemas legales precedentes, que no
    solo los empleadores están obligados a adoptar medidas para prevenir los infortunios laborales sino que
    las ART también son sujetos pasivos de esta carga.
    El deber de seguridad tal como se lo describe en la LRT, excede el marco tradicional del contrato de
    seguro por accidente del trabajo. Por lo tanto, el empleador y la aseguradora están obligados a
    implementar todas las medidas preventivas de los riesgos que la naturaleza de la actividad exija aplicar
    para procurar la indemnidad de las personas que bajo dependencia de la primera trabajan.
    Como dice la Corte en "Torrillo" , las ART no obstante "ser entidades de derecho privado se destacan
    como destacados sujetos coadyudantes para la realización plena" en materia de prevención de
    accidentes y enfermedades laborales. Siendo este el objetivo principal de la ley como lo expresa el art.
    1 cuando señala que "son objetivos de la Ley sobre Riesgos del Trabajo (LRT) reducir la siniestralidad
    laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo".
    Hasta antes del dictado del fallo "Torrillo" en la doctrina como en la jurisprudencia se habían perfilado
    tres posiciones bien definidas con respecto a si entablada la acción civil por un accidente de trabajo, la
    aseguradora de riesgos del trabajo también debía responder civilmente y, en su caso, en qué términos.
    Una de las posturas admitía la responsabilidad civil extracontractual subjetiva de las ART frente al
    trabajador, en virtud del art. 1074 CCiv., en la medida en que exista un nexo de causalidad entre las
    omisiones de las ART y los daños laborales sufridos. Otra en cambio, limitaba los alcances por la cual
    tiene que responder la ART a los términos del contrato de afiliación.Mientras que la tercera posición
    niega la posible existencia de supuestos que permitan hacer responsable civilmente a la ART, en el
    marco de la acción por daños perjuicios promovida por el damnificado.
    Asimismo la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya en tres causas anteriores a "Torillo" -en los
    casos "Busto" (2), "Galván" (3) y "Soria" (4)- por mayoría, había anticipado de alguna manera el nuevo
    pronunciamiento sobre el tema, a través de la aplicación de la doctrina de la arbitrariedad,
    estableciendo de una manera tácita, pero clara, la posibilidad de responsabilizar a la aseguradora de
    riesgos del trabajo cuando existía un nexo de causalidad adecuada entre la omisión y el infortunio
    laboral.
    También se había pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
    condenando civilmente a la ART en el marco del art. 1074 CCiv. (5).
    En consecuencia, con carácter previo al análisis en profundidad del fallo "Torrillo", se comentarán las
    tres posiciones señaladas y esta jurisprudencia precedente.
    II. TESIS AMPLIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL
    II.1. Doctrina sobre la aplicación del art. 1074 del Código Civil
    De acuerdo a esta posición desarrollada intensamente por el Fiscal General de la Cámara Nacional de
    Apelaciones del Trabajo, Dr. Eduardo ÁLVAREZ (6) y a la cual se adhiere, se aplica la doctrina de la
    responsabilidad solidaria de las ART con los empleadores por los daños en la salud que sufran los
    trabajadores asegurados, cuando las lesiones se hayan producido como consecuencia de
    incumplimientos de las ART a los deberes legales de prevención y contralor que la LRT les impone y
    siempre que haya medido un nexo de causalidad adecuado entre el daño y las conductas omitidas por la
    aseguradora de riesgos del trabajo.Esta condena no se limita a las indemnizaciones tarifadas del sistema
    a las que las ART están inicialmente obligadas a pagar, sino que comprende la reparación integral de
    todos los daños sufridos por la víctima, en forma solidaria y concurrente con el empleador, en base al
    art. 1074 CCiv.
    Se arriba a esta conclusión fundándose en que las ART, además de aseguradoras, tienen la obligación
    de contralor del cumplimiento, por parte de las empleadoras afiliadas a cada ART, de las normas de
    prevención, seguridad así como la capacitación de los trabajadores. Las ART tienen también el deber
    legal de denunciar ante la SRT los incumplimientos de las empleadoras, en una suerte de delegación del
    poder de policía del trabajo.
    La ART es sujeto deudor del deber de seguridad como surge del texto de la LRT. Así el art. 4 , inc. 1,
    indica que "los empleadores y los trabajadores comprendidos en el ámbito de la LRT, así como las
    ART, están obligados a adoptar las medidas legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos
    del trabajo".
    El art. 31 prescribe que "las ART: a) denunciarán ante la SRT los incumplimientos de sus afiliados de
    las normas de higiene y seguridad en el trabajo, incluido el Plan de Mejoramiento, debiendo notificar a
    la SRT dentro de los 30 días corridos de verificado el incumplimiento (art. 17 Decreto 170/96); c)
    Promoverán la prevención, informando a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo acerca de los
    planes y programas exigidos a las empresas".
    También el Decreto 170/96 reglamentario del art. 4 de la Ley 24.557 obliga a las ART a realizar
    actividades permanentes de prevención de riesgos y control de las condiciones y medio ambiente de
    trabajo (art. 19 ). En especial, se fijan las siguientes: "1. vigilar la marcha del plan de mejoramiento en
    los lugares de trabajo, y la verificación del mantenimiento de los niveles de cumplimiento alcanzados
    con el mismo (. . .) 2.Brindar capacitación a los trabajadores en técnicas de prevención de riesgos" (art.
    19, inc. c).
    De tal manera que el deber de seguridad, tal como se lo describe en la LRT, excede el marco tradicional
    del contrato de seguro por accidente del trabajo, por lo tanto el empleador y la aseguradora están
    obligados a implementar todas medidas preventivas de los riesgos que la naturaleza de la actividad
    exija aplicar para procurar la indemnidad de las personas que bajo su dependencia trabajan (7).
    Esto significa que verificada la existencia de un daño en la persona del trabajador, que responda a un
    incumplimiento por el empleador de las normas legales relativas a higiene y seguridad en el trabajo sin
    que las aseguradoras de riesgos del trabajo hayan denunciado el incumplimiento conforme se lo impone
    la ley, o haber omitido cumplir con sus obligaciones, será responsable solidariamente con su asegurado
    frente al trabajador de los daños y perjuicios sufridos por este como consecuencia de esa conducta
    omisiva de la aseguradora de riesgos del trabajo, y siempre que se verifique un nexo de causalidad
    adecuado entre la omisión en la que se ha incurrido y el daño sufrido por la víctima.
    El daño es generado por el empleador pero la sanción a la ART es por no haber actuado para evitarlo.
    En definitiva, la previsión es la base de esta responsabilidad. Si ha existido ilicitud, negligencia y daño
    previsible, existe un "daño injustamente padecido", que debe ser reparado.
    Si la LRT no prevé sanción específica frente al daño por el incumplimiento de la obligación legal
    impuesta a las ART, se genera una responsabilidad extracontractual de esta, en los términos del art.
    1074 CCiv. que expresa que:"cuando toda persona que por cualquier omisión hubiese ocasionado un
    perjuicio a otra será responsable solamente cuando una disposición de la ley le impusiere la obligación
    de cumplir el hecho omitido".
    Según esta tesis amplia, la responsabilidad civil que cabe a la ART es concurrente con la de la
    empleadora, ya que ambos son deudores, en forma yuxtapuesta en funciones de responsabilidad y de
    garantía, el autor del daño y quien debió controlar. Pero se trata de obligaciones que tienen diferente
    causa fuente. La de la empleadora proviene de ser propietaria de la cosa productora del daño (art. 1113
    CCiv.) o bien de la responsabilidad subjetiva del art. 1109 CCiv. La ART ( )tiene resp onsabilidad por
    las omisiones legales en las que incurre y que son las productoras del daño que sufre la víctima (art.
    1074 CCiv.).
    A lo ya expuesto es preciso agregar que la acción de responsabilidad civil del damnificado contra la
    ART también está habilitada por el propio sistema.
    En efecto, frente al trabajador, la ART es un tercero ya que la relación contractual de esta es con el
    empleador afiliado.
    De modo que si su comportamiento de acción u omisión guarda un nexo de causalidad adecuada con el
    daño sufrido, debe responder por la propia disposición del art. 39 , párrafo cuarto de la LRT que dice:
    "Si alguna de las contingencias previstas en el art. 6 de esta ley hubiera sido causadas por un tercero, el
    damnificado o su derecho habiente podrán reclamar del responsable la reparación de los daños y
    perjuicios que pudieren corresponderle de acuerdo con las normas del Código Civil, de las que se
    deducirán el valor de las prestaciones que deba percibir de la ART o del empleador autoasegurado".
    II.2.La Doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
    Coincidente con esta posición doctrinaria, también se ha pronunciado la Suprema Corte bonaerense (8).
    En el fallo en cuestión, la SCJBA hizo hincapié en las obligaciones legales de las ART al señalar que
    "permanece incontrovertido otro aspecto de la decisión, que le otorga por sí incuestionado sustento,
    cual es la obligación legal impuesta a la aseguradora de riesgos del trabajo como sujeto que confluye en
    el deber de seguridad, a partir de la incorporación plasmada por el art. 4 de la Ley de Riesgos del
    Trabajo y los deberes que, en materia de asesoramiento y contralor del cumplimiento de la normativa
    sobre seguridad e higiene, le son impuestos en pareja y concurrente relación con el empleador. Entre
    ellos, y en lo que resulta de interés destacar en autos atento la imputación realizada por el tribunal de
    grado, puede citarse como relevante la observancia de la normativa sobre el suministro y utilización de
    los elementos de protección, así como las vinculadas a la capacitación del operario."
    En este sentido el fallo menciona los incumplimientos de la aseguradora, la omisión de los deberes
    legales de prevención que la ley pone a cargo del empleador y la ART, las que constituyeron causa
    eficiente y adecuada del accidente. Así se señala en el considerando 4 del voto del Juez Dr. Hitters
    como una "realidad fáctica definitoria (. . .) al incumplimiento del deber de prevención materializado en
    el caso por la falta de provisión y consiguiente utilización de elementales instrumentos de protección en
    obra, como resultan ser los anteojos de seguridad o antiparras, y con ello la conclusión de que su
    observancia hubiera evitado el daño por el que se reclama en autos".
    Como no se visualiza ningún vínculo negocial entre aseguradoras de riesgos del trabajo y trabajador, la
    SCJBA reafirma que la responsabilidad de aquella será extracontractual y con fundamento legal en el
    art.1074 CCiv., en tanto que la conducta omisiva de las aseguradoras de riesgos del trabajo haya
    permitido el incumplimiento del empleador de las normas de higiene y seguridad del trabajo, cuya
    supervisión estaba en manos de aquella.
    Cabe poner de relieve también que en el fallo de la SCJBA para determinar la responsabilidad civil de
    la ART se destacó la existencia del nexo de causalidad adecuado entre el acaecimiento del hecho
    dañoso y el incumplimiento de la aseguradora de los deberes de contralor que la LRT le impone.
    Esto significa que no basta que un hecho haya sido en el caso concreto, condición sine quanon del
    daño, si no que se requiere que en virtud de un juicio de probabilidad resulte la causa adecuada de ese
    daño (9).
    En definitiva no se trata de que cualquier accidente determine la responsabilidad civil de la ART, sino
    que, como señalan los Jueces del Superior Tribunal de la Provincia de Buenos Aires, debe existir ese
    nexo de causalidad adecuado que significa que si se hubiera cumplido con la obligación legal de
    contralor se hubiera evitado el infortunio.
    Para determinar pues, la causa de un daño, se debe hacer, ex post facto, un juicioso cálculo de
    probabilidad: prescindiendo de la realidad del suceso ya acontecido habrá que preguntarse si la acción u
    omisión del presunto agente era por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de
    las cosas. Si se contesta afirmativamente de acuerdo a la experiencia diaria de la vida, se declara que la
    acción u omisión era adecuada para producir el daño, el que será entonces imputable objetivamente al
    agente (10).
    Es obvio señalar que el reproche por el daño causado y la responsabilidad de la ART, dependerán de
    una clara relación de causalidad.Por ejemplo, existiría responsabilidad en el caso de que los operarios
    de una obra de construcción no sean provistos de los elementos de seguridad ordenados en el Decreto
    911/96 .
    Distinto sería si la vinculación entre el daño y el hecho u omisión fuese más compleja, oculta o barroca,
    ya que nadie podría reprochar a una aseguradora el no advertir que determinada sustancia química en
    relación con determinado sujeto producía una reacción nociva, si la ciencia aún no lo tenía afirmado
    (11).
    Precisamente en el caso bajo análisis la Suprema Corte consideró como un incumplimiento del deber de
    prevención" a la falta de provisión y utilización de los anteojos de seguridad o antiparras cuyo uso
    hubiera evitado el daño" (considerando 4 del voto del Dr. Hitters).
    II.3. Responsabilidad de las ART exclusivamente en el marco del contrato de seguro
    La otra corriente jurisprudencial en el ámbito de la Justicia Nacional es la que responsabiliza a la ART
    sólo en el marco del contrato de afiliación, es decir, hasta el alcance de las prestaciones tarifadas.
    En ella se pone de relieve que -a pesar de que la acción interpuesta fuera en los términos de la acción
    civil y el siniestro se encontrara cubierto por el seguro de riesgos de trabajo- eximir a la aseguradora de
    riesgos de trabajo del pago de las prestaciones dinerarias en los términos de la Ley de Riesgos del
    Trabajo es provocar un enriquecimiento en ellas, sin ninguna causa, y un empobrecimiento en el
    empleador, omitiendo cumplir con lo preceptuado por el art.907 CCiv.
    Según esta línea jurisprudencial, si se eximiera a la ART de toda responsabilidad ello implicaría un
    daño al empleador, porque se encontraría obligado a contratar un seguro cuando la misma legislación le
    imponía tal obligación garantizándole la cobertura por cualquier infortunio que pudiera suceder a sus
    dependientes (12).
    )Esta jurisprudencia si bien puede considerarse un avance respecto a otra línea interpretativa que
    eximía de toda responsabilidad a las ART, está desconociendo las obligaciones legales que la LRT le
    asigna a estas y que exceden el mero rol de meras aseguradoras de siniestros laborales, como fuera
    explicitado en los acápites precedentes.
    No parece suficiente condenar a las ART dentro de los límites reparatorios del seguro contemplado en
    la LRT, toda vez que este sistema pone a su cargo el otorgamiento de las prestaciones allí
    contempladas, cuando el daño es imputable exclusivamente al empleador, o incluso un tercero, contra
    quien eventualmente tendrá acción de regreso. No obstante,
    no incluye la reparación civil extracontractual por los daños sufridos por el damnificado a consecuencia
    de sus incumplimientos legales.
    También cabe mencionar en esta línea jurisprudencial un pronunciamiento del Tribunal Superior de la
    Provincia de Córdoba (13).
    En dicha sentencia los jueces eximen de responsabilidad civil a la ART entre otros argumentos porque
    "respecto a los supuestos de incumplimiento de los arts. 4, inc. 1 y 2; 31.1 , inc. a) LRT y 18 Decreto
    170/96 el mismo sistema prevé otras sanciones: multas que impondrá la autoridad de aplicación
    conforme la faculta el art. 36.1 , apdos. a) y c) LRT". Respecto a este razonamiento cabe señalar que las
    sanciones administrativas o penales no invalidan ni impiden la responsabilidad civil que es autónoma y
    concurrente con las de otro orden. Por otra parte en este caso la condena a la empleadora fue en el
    marco exclusivo del sistema ya que no se declaró inconstitucional el art.39 de la LRT, sino que por el
    contrario se aplicó el citado 39, párrafo primero al encontrar incursa a la empleadora en el art. 1072
    CCiv. Por otra parte, la sentencia de grado apelada no se fundó en el art. 1074 CCiv. sino en el art. 39
    LRT.
    Cabe referir, en relación con este pronunciamiento del Tribunal Superior de Córdoba, que la
    responsabilidad por omisión de la ART no es por causar del hecho dañoso sino por no evitarlo,
    mediante el diseño de las medidas necesarias para que el daño no se produzca. Dicho incumplimiento
    se producirá cada vez que el daño se verifique pues ello resulta demostrativo de que no se ha prevenido
    eficazmente el daño tal como ordena la norma.
    Regresando al comentario de los fallos de la Sala III, de la CNAT el fundamento de las condenas a las
    ART, en los términos de la Ley de Riesgos, se funda en la existencia de un enriquecimiento sin causa
    previsto en art. 907 CCiv.
    El enriquecimiento sin causa: "es un desplazamiento patrimonial sin correlato o contraprestación, por lo
    que se produce un empobrecimiento en una persona y un enriquecimiento correlativo en otro, sin causa
    legítima que los vincule". (14)
    Por lo tanto, para que tenga lugar esta situación debe existir la relación de causalidad entre una persona
    empobrecida y otra enriquecida, pues "la necesidad de esta conexión es, por lo demás, fácilmente
    justificable, por cuanto mal podría acordarse la acción de in rem verso, si empobrecimiento y
    enriquecimiento fueran independientes y distintos". (15)
    En los casos mencionados, el enriquecimiento se produce pues el emp leador (empobrecido) abona a la
    aseguradora de riesgos de trabajo (enriquecida) una póliza, a los fines que de ocurrir el siniestro
    responda con las prestaciones dinerarias que establece la Ley 24.557.Si la aseguradora de riesgos no
    abona la prestación determinada en la ley citada, ocurridas las circunstancias determinadas en la norma,
    se beneficiaría con la recaudación de las pólizas y la omisión de cumplir con su obligación.
    En cambio, el empleador abonaría el monto de la indemnización al trabajador damnificado, amén de la
    póliza sin recibir ninguna prestación a cambio de la aseguradora.
    II.4. Tesis restrictiva de la responsabilidad civil
    La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en su composición anterior, había considerado que el
    deficiente ejercicio del deber de control por parte de la ART en materia de Higiene y Seguridad no
    generaba responsabilidad con independencia del nexo causal adecuado, ya que este requisito era
    indispensable para la procedencia de la acción resarcitoria.
    En el conocido fallo "Rivero" refirió que la omisión de recomendar el uso del cinturón de seguridad no
    alcanzaba para responsabilizar a la ART, toda vez que el siniestro había ocurrido por causas
    eminentemente físicas que no se hubieran evitado con el despliegue de actividad cuya falta se
    reprochaba a la ART. Con tal premisa se eximió de toda responsabilidad a las ART por entender que no
    están facultadas para sancionar ni para clausurar establecimientos por razones de seguridad y porque
    sus recomendaciones son dirigidas a los empleadores y la omisión en formularlas, supuesto que sean
    absolutamente necesarias -esto es, que no constituyan la mera reiteración de cargas preexistentes, cuya
    observancia viene impuesta por el ordenamiento jurídico objetivo- la responsabilizarían frente a los
    empleadores afiliados, no respecto de los trabajadores ocupados por estos, con quienes no mantienen
    relación jurídica ni material alguna y por ello, no genera responsabilidad por sus consecuencias dañosas
    en el marco del art. 1074 CCiv (16).
    Las críticas a esta tesis restrictiva se expresan más adelante al comentar el voto en minoría del Dr.
    Lorenzetti en la causa "Torrillo" . Por razones de brevedad se remite a esas consideraciones.
    III.PRONUNCIAMIENTO DEFINITORIO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA
    NACIÓN
    III.1. Los precedentes Busto, Soria y Galván
    La Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el año 2007, había emitido tres pronunciamientos
    que han sido referidos al inicio de este trabajo y que ya inducían la existencia de una modificación del
    criterio establecido por el Máximo Tribunal, en su composición anterior.
    Estos casos adquirieron trascendencia porque la Corte Suprema por mayoría a través de la aplicación de
    la doctrina de la arbitrariedad ratificaba, en un caso implícitamente, la aplicación del art. 1074 CCiv.,
    dispuesto por el Tribunal de Segunda Instancia y en otros dos casos descalifica las sentencias que
    habían rechazado la condena a la ART en supuestos de responsabilidad civil.
    Ya era posible inferir que en estos pronunciamientos subyacía de una manera tácita, pero clara, la
    posibilidad de responsabilizar a la aseguradora de riesgos del trabajo cuando existe un nexo de
    causalidad adecuada entre la omisión y el infortunio laboral (17).
    En el caso "Busto" (18) fue rechazado, por mayoría, con la sola disidencia del Dr. Ricardo Luis
    Lorenzetti, el recurso extraordinario interpuesto por la ART, contra una sentencia de la Sala VII de la
    CNAT, por haber sido condenada en los extremos de la responsabilidad civil. Se fundó esta decisión en
    que el recurso era inadmisible en los términos del art. 280 del CPCCN.
    En el caso "Soria" (19), el Juez de Primera Instancia había hecho lugar a la demanda por daños y
    perjuicios, condenando a la empleadora y a la ART.
    En este último caso se entendió que la ART no había cumplido con las obligaciones impuestas a su
    cargo por la LRT y por el Decreto 170/96 en materia de seguridad y vigilancia en los lugares de
    trabajo. Estos incumplimientos implicaron, según el Juez, omisiones legales que tornaban responsable a
    la ART en los términos del art.1074 CCiv.
    La Sala I de la CNAT revocó esta decisión en cuanto condena a la aseguradora en virtud de que "no
    puede responsabilizarse a la citada ART en los términos del 1074 del Código Civil, pues no puede
    afirmarse que esta última puso una causa adecuada o condición relevantes del resultado dañoso sufrido
    por el actor".
    La actora interpuso recurso extraordinario ante la Corte Suprema, cuya denegatoria motivó la queja,
    que fue declarada admisible y procedente con arreglo a la conocida doctrina de la Corte en materia de
    arbitrariedad de sentencia.
    La arbitrariedad del fallo de Cámara en el caso Soria, según la Corte, se produjo porque la
    desestimación de la relación de causalidad entre la conducta omitida por la ART y el daño causado fue
    decidida por la Sala I de la CNAT, sin analizar las circunstancias fácticas concretas de la causa,
    basándose "en conclusiones no precedidas de demostración alguna" y remitiéndose a otros
    pronunciamientos del Tribunal sin aclarar el nexo que mediaría con la causa decidida (voto de la
    mayoría).
    Cabe agregar que la Corte avanzó, en alguna medida, en el análisis de fondo al destacar la posible
    existencia de la responsabilidad legal de las ART fundada en el art. 1.2 apdo. a) de la LRT y en los arts.
    4.1 y 31.1 del mismo cuerpo normativo y en el Decreto 170/96 en sus arts. 18, 19 , 20, 21 , 28 y 29 .
    En "Soria", por mayoría, el Superior Tribunal de la Nación consideró que: ". . . cabe precisar que,
    dados los términos en que se expidió en el sub examine, tampoco podría interpretarse que el a quo ha
    sostenido, con alcance general, que cualquiera fuese el incumplimiento de la aseguradora de sus
    obligaciones en materia de prevención de los riesgos derivados del trabajo, ello nunca podría constituir
    la casualidad jurídica computable a los fines de su responsabilidad.Más aún; de entenderse lo contrario,
    debería admitirse que el sentenciante incurrió en un apartamiento palmario del derecho que juzgó
    aplicable, al consagrar, mediante tal enunciado, una suerte de exención de responsabilidad civil,
    absoluta y permanente, de las aludidas empresas en el marco obligacional indicado. Al respecto, es
    insoslayable subrayar que uno de los 'objetivos' que caracteriza a la Ley 24.557, es 'reducir la
    siniestralidad laboral a través de la prevención' de los riesgos mencionados (art.1.2 a), a lo que suma
    haber emplazado a los entes aseguradores, entre otros sujetos, como 'obligados a adoptar las medidas
    legalmente previstas para prevenir eficazmente' dichos riesgos (art. 4.1; asimismo: art. 31.1). El decreto
    reglamentario de la Ley 170/96, a su turno, es más que elocuente en este terreno (v. gr. arts. 18, 19, 20
    y 21; asimismo, arts. 28 y 29). Se infiere en este pronunciamiento que la Corte admite la existencia de
    estas responsabilidades legales y también la eventual condena a la ART, si se verifica en el caso
    concreto que los incumplimientos al deber de previsión a su cargo pudieron ocasionar el infortunio".
    Cabe destacar que en este caso votó en minoría, exponiendo su posición ya vertida en "Busto", el Dr.
    Lorenzetti, al cual también adhirió el Dr. Fayt.
    Por su parte la Dra. Argibay declaró inadmisible el recurso en virtud de lo dispuesto por el art. 280 del
    CPCCN.
    En el caso "Galván" (20) se dejó sin efecto una sentencia de la Sala III de la CNAT, que había
    rechazado la demanda que postulaba la responsabilidad de la ART con fundamento en el art. 1074
    CCiv.en una acción de derecho común.
    En este último fallo, la Corte Suprema descalificó por mayoría el fallo de la CNAT porque eximió de
    responsabilidad a la ART por los daños padecidos por el actor al caer sobre un piso mojado con
    líquidos que contenían sustancias irritantes, a pesar de que la ART habría incumplido con el deber de
    control en materia de higiene y seguridad establecido en el art. 4 de la LRT, al mantenerse inactiva
    frente a la falta de suministro de la empleadora de elementos de protección que permitieran a los
    trabajadores realizar su tarea.
    En este caso además de reiterar el Dr. Lorenzetti su posición de fondo postulando el rechazo del
    recurso, las Dras. Highton de Nolasco y Argibay propusieron desestimar la queja en virtud de lo
    dispuesto por el art. 280 del CPCCN.
    Cabe destacar asimismo que la Procuradora Fiscal de la Nación también dictaminó haciendo lugar a la
    queja de la parte actora proponiendo que se remitan los autos a la CNAT para el dictado de una nueva
    sentencia.
    Entre otros conceptos la Procuradora descalificó el fallo de la Sala III por la ausencia de ponderación
    de los elementos de prueba "que hacen a la cuestión fáctica sustancial de la causa, así como un
    proporcionado estudio con otros antecedentes obrantes en el expediente, lo que importa, de por sí, una
    actividad que dista de satisfacer la exigida jurisdiccionalmente para convalidar un decisorio."
    III.2.El caso "Torrillo". Fin del debate
    En el caso "Torillo" , la mayoría de la Corte Suprema entra ya a analizar decididamente el fondo del
    tema, ratificando y profundizando lo ya dicho con anterioridad, estableciendo ya como doctrina firme y
    definitiva, la posibilidad de condenar civilmente a la ART respecto de los daños laborales, siempre
    "que se demuestre que exista un nexo de causalidad adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la
    omisión o cumplimiento deficiente" por parte de la ART de sus deberes legales (considerando 8 del
    voto de la mayoría).
    El caso resuelto se refería al reclamo de los padres de un trabajador fallecido en el incendio de las
    oficinas donde prestaba servicios, a consecuencia del cual la Sala VI de la Cámara Nacional de
    Apelaciones del Trabajo condenó civilmente además de la empleadora del trabajador, a la ART , con
    fundamento en que esta había incumplido con sus deberes en materia de seguridad del trabajo.
    Según la Cámara la muerte del trabajador en el incendio se debió a que las instalaciones donde laboraba
    carecían de matafuegos, sensores y alarmas de incendio, como así también salidas de emergencia, lo
    que tornaba responsable solidariamente a la ART con la empleadora con fundamento en
    incumplimientos a su cargo en relación a los temas de seguridad (conf. art. 1074 CCiv. y art. 4 Ley
    24.557). Según la Cámara: "la responsabilidad es el correlato de lo reprochado a la empleadora acerca
    de la ausencia de elementos que hubiesen podido evitar o atemperar las trágicas consecuencias del
    incendio, pues resulta indudable que los incumplimientos del empleador en ese sentido pudieron ser
    eficazmente evitados por el adecuado deber de control del asegurador" (21).
    )La condena civil implicó el resarcimiento integral de todos los daños sufridos que fueran acreditados
    ante el Juez, e independientemente del otorgamiento de las prestaciones de la LRT. En el caso de la
    empleadora, se fundó en los arts. 1109 y 1113 CCiv., mientras que la responsabilidad de la ART surge
    del art.1074 del mismo Código, por las omisiones en cumplir sus obligaciones de contralor a su
    asegurada en materia de prevención de los riesgos.
    Contra esta sentencia condenatoria interpuso recurso extraordinario La Caja ART SA.
    En el voto de la mayoría expresado uniformemente por los Dres. Enrique Petracchi, Raúl Zaffaroni,
    Carlos Fayt y Juan Carlos Maqueda se determinó que el agravio era inadmisible por cuanto el tema
    remitía al examen de normas de derecho común ajenas a la instancia federal y porque tampoco se
    configuraba el supuesto de arbitrariedad invocado por la apelante.
    Pero la Corte Suprema, por mayoría de sus miembros además de confirmar la decisión recurrida,
    definió el tema en discusión en un sentido que será de aplicación inexorable para los tribunales
    inferiores de la Nación, pudiéndose afirmar que estamos en presencia de una jurisprudencia
    consolidada por parte del Máximo Tribunal.
    La doctrina sentada por el Máximo Tribunal en esta sentencia excede las circunstancias de hecho y
    prueba de la causa sometida a juzgamiento, proyectando los argumentos jurídicos que se vertieron en la
    sentencia, en forma generalizada sobre las causas similares que tramitan ante los tribunales, siendo una
    referencia insoslayable para los jueces de las instancias inferiores.
    En este sentido no puede dejar de considerarse que el lenguaje jurídico del voto de la mayoría de los
    Magistrados ha sido tan preciso y elocuente que no deja lugar a dudas sobre la aplicación de esta
    doctrina en los juicios de infortunios laborales donde intervengan las ART.
    La intención de sentar doctrina legal de parte de la mayoría ha sido clara, de lo contrario los jueces se
    hubieran limitado a rechazar el recurso extraordinario en los términos de inadmisibilidad fundados en
    el art. 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, sin explayarse con mayores
    fundamentos, que es el criterio que adoptaron las Dras. Elena I. Highton de Nolasco y Carmen Argibay
    en su voto conjunto.En otras palabras, frente a las divergencias doctrinarias y jurisprudenciales
    existentes, esta sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación cierra el debate, determinando la
    adhesión del Máximo Tribunal de la Nación a la tesis de la responsabilidad civil amplia de las ART, en
    el sentido de que estas no pueden limitarse a la percepción de las cuotas y al otorgamiento de las
    prestaciones del sistema, sino que deben desarrollar un auténtico rol preventivo, controlador y
    supervisor de la higiene y seguridad en los lugares de trabajo, así como capacitador del personal
    asegurado.
    Señalaron los jueces que la responsabilidad civil no se ve exonerada por el hecho de que las ART no
    puedan obligar a las empleadoras aseguradas a cumplir las normas de seguridad, ni impedir que estas
    ejecuten determinados trabajos peligrosos, al no tener facultades sancionatorias.
    Lo relevante para la Corte, de donde deriva la responsabilidad civil indemnizatoria de las ART, es algo
    que "antecede a ello, esto es prevenir los incumplimientos", para que los riesgos puedan evitarse.
    Además pone de relieve que también pesa sobre la ART la obligación de denunciar ante la SRT, los
    incumplimientos de sus aseguradas.
    Por eso, los primeros considerandos del voto de la mayoría hacen especial hincapié en el aspecto
    preventivo del régimen de accidentes del trabajo al señalar "Que, por cierto, la índole primaria,
    sustancial o primordial dada a la faz preventiva en materia de accidentes y enfermedades del trabajo, se
    impone fundamentalmente por su indudable connaturalidad con el principio protectorio enunciado en el
    art.14 bis de la Constitución Nacional ("El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las
    leyes"), el cual, además dispone que estas últimas deberán asegurar al trabajador 'condiciones dignas y
    equitativas de labor'. Súmase a ello, todo lo proveniente del Derecho Internacional de los Derechos
    Humanos, para el cual uno de los más antiguos aspectos de sus estándares internacionales en el campo
    laboral fue el de asegurar que las condiciones de trabajo resultasen, a la vez, seguras y saludables"
    (considerando 4, voto mayoría).
    En esta misma dirección agregan que uno de los "pilares fundamentales" de una estrategia de salud y
    seguridad en el trabajo consiste en la atribución "de la máxima prioridad al principio de prevención",
    "para la protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la vida misma de este,
    atento su carácter de sujeto de preferente tutela constitucional (considerando 4, voto mayoría).
    Así el fallo pone de relieve las relevantes funciones preventivas que la LRT les impuso a las ART,
    sobre cada una de sus empresas afiliadas, los que superan ampliamente la condición de meras
    aseguradoras, para convertirse en actores principales de esa función por expresa disposición legal.
    Así se señala que "Que la LRT, para el logro del mentado objetivo de prevención, tributario de las
    normas jerárquicamente superiores indicadas en el considerando anterior, creó un sistema en el cual las
    ART tienen 'una activa participación', de acuerdo con el citado mensaje del Poder Ejecutivo: la
    'incorporación' de aquellas, agregó, 'en el rol fiscalizador representa un paso novedoso que potencia los
    controles sobre las empresas'" (Antecedentes. . ., cit., p. 412). Durante el debate parlamentario tampoco
    dejó de ser observado que al sistema de "control público" del cumplimiento de la normativa sobre
    higiene y seguridad laboral puesto a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo "se agrega un
    control que sin duda será mucho más cercano a través de las aseguradoras de riesgos de trabajo" (ídem,
    p.568). En análogos términos ya se había pronunciado el miembro informante del dictamen de mayoría
    en el Senado (ídem, p. 547). Así, la citada ley impuso a las ART la obligación de "adoptar las medidas
    legalmente previstas para prevenir eficazmente los riesgos del trabajo" (art. 4.1); incorporar en los
    contratos que celebren con los empleadores "un plan de mejoramiento de las condiciones de higiene y
    seguridad, que indicará las medidas y modificaciones que [aquellos] deban adoptar en cada uno de sus
    establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente" (art. 4.2), así como controlar la ejecución de
    dicho plan y denunciar todo incumplimiento de este de las normas de higiene y seguridad (art. 31.1.a) a
    la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (art. 4.4). Súmase a ello, además de promover la
    prevención mediante la información a dicha Superintendencia acerca de los planes y programas
    exigidos a las empresas (art. 31.1.c), el asesoramiento que deben brindar a los empleadores 'en materia
    de prevención de riesgos' (art. 31.2.a)" (considerando 5 del voto de la mayoría).
    Por estos motivos también se señala en el fallo que "La LRT, para alcanzar el objetivo que entendió
    prioritario, la prevención de riesgos laborales, introdujo, e impuso, un nuevo sujeto: las ART. En este
    dato, y no en otro, finca la diferencia esencial que, para lo que interesa, separa a la LRT del régimen
    anterior, juzgado insatisfactorio. (. . .) De ahí, que las ART hayan sido destinadas a guardar y mantener
    un nexo 'cercano' y 'permanente' con el particular ámbito laboral al que quedaran vinculadas con
    motivo del contrato oneroso que celebrasen. De ahí, que las obligaciones de control, promoción,
    asesoramiento, capacitación, información, mejoramiento, investigación, instrucción, colaboración,
    asistencia, planeamiento, programación, vigilancia, visitas a los lugares de trabajo y denuncia, por
    emplear algunos de los términos de la normativa" (considerando 6 del voto de la mayoría).
    Estas obligaciones -afirma la Corte- surgen de los ya referidos arts. 4.1; 4.2; 31.1.a.de la LRT y del
    Decreto 170/96.
    Señala el fallo que, dada esta normativa, la condición de las ART de entidades de derecho privado no
    les permite eludir sus responsabilidades ya que son "destacados sujetos coadyudantes para la
    realización plena" de los objetivos de prevención de los infortunios, que tienen raigambre
    constitucional y sustento en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, con jerarquía
    supralegal (considerando 7 del voto de la mayoría).
    Según la Corte el tema en discusión tiene proyección sobre tres planos:
    a) Sobre los derechos individuales de cada trabajador a la integridad psicofísica, a la salud y a la vida
    (considerando 7, 2º párr.). ". . . la protección de la integridad psicofísica del trabajador, cuando no de la
    vida misma de este, mediante la prevención en materia de riesgos laborales resulta, sin dudas, una
    cuestión en la que alcanza su mayor significación y gravedad la doctrina de esta Corte, según la cual,
    aquel es un sujeto de preferente tutela constitucional ("Vizzoti", Fallos: 327:3677, 3689 y 3690, y
    "Aquino", Fall os:327:3753, 3770 y 3797)" (considerando 4, último párr.).
    b) En el plano social por cuanto la salud "se erige como un verdadero bien público"; (considerando 7,
    3º párr.).
    c) En el plano internacional, toda vez que la ratificación de los tratados internacionales asumidos por el
    Estado argentino profusamente citados en fallo, determina que la "labor de las ART constituye una
    labor de alto peso para que aquel satisfaga fielmente los aludidos compromisos y no incurra en
    responsabilidad internacional (considerando 7º, 4º párrafo).
    El fallo tiene su resolución final en el considerando 8 del voto de la mayoría que señala "Que, en suma,
    no existe razón alguna para poner a una ART al margen del régimen de responsabilidad previsto por el
    Código Civil, por los daños a la persona de un trabajador derivados de un accidente o enfermedad
    laboral, en el caso en que se demuestren los presupuestos de aquel, que incluyen tanto el acto ilícito y la
    imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o no) entre dichos daños y la omisión o el
    cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes legales. Tampoco las hay, dada la
    variedad de estos deberes, para que la aludida exención, satisfechos los mentados presupuestos,
    encuentre motivo en el solo hecho que las ART no pueden obligar a las empleadoras aseguradas a
    cumplir determinadas normas de seguridad, ni impedir a estas que ejecuten sus trabajos por no alcanzar
    ciertas condiciones de resguardo al no estar facultadas para sancionar ni para clausurar
    establecimientos. Esta postura, sin rebozos, conduciría a una exención general y permanente, por
    cuanto se funda en limitaciones no menos generales y permanentes. Asimismo, pasa por alto dos
    circunstancias. Por un lado, al hacer hincapié en lo que no les está permitido a las ART, soslaya aquello
    a lo que están obligadas:no se trata, para las aseguradoras, de sancionar incumplimientos o de imponer
    cumplimientos, sino de algo que antecede a ello, esto es, prevenir los incumplimientos como medio
    para que estos, y los riesgos que le son anejos, puedan evitarse. Por el otro, olvida que no es propio de
    las ART permanecer indiferentes a dichos incumplimientos, puesto que la ya citada obligación de
    denunciar resulta una de sus funciones preventivas".
    Obsérvese que la Corte pone de relieve que ninguna norma puede eximir a las ART para colocarse al
    margen del régimen sobre responsabilidad regulada por el Derecho Civil que es aplicable a todos los
    habitantes de la Nación, siempre que se cumplan los requisitos que tornen aplicable dicho régimen, en
    especial el nexo de causalidad adecuado entre el daño y las omisiones de los deberes legales.
    Un aspecto clave del fallo es lo relativo a la relación o vínculo causal que debe existir entre el hecho
    dañoso y las omisiones que determinaron el daño sufrido por la víctima.
    En relación a las diferentes teorías existentes referidas a la investigación causal, la que tiene
    prevalencia es la de la causalidad adecuada, y es la que ha aplicado Corte Suprema. En esta tesis se
    parte de la idea de que el fenómeno causal debe ser analizado de acuerdo a las reglas del
    comportamiento regular y de acuerdo a la experiencia diaria. El análisis del caso debe ser hecho ex post
    facto de acuerdo a un cálculo de probabilidades y las reglas de la previsibilidad objetivas. Con la
    redacción del nuevo art. 906 por parte de Ley 17.711, no existen dudas de que el Código Civil
    argentino ha receptado la teoría de la causalidad adecuada (22).)
    En efecto, el art. 906 del Código Civil dice:"En ningún caso son imputables las consecuencias remotas,
    que no tienen con el hecho ilícito nexo adecuado de causalidad".
    Por otro lado, el voto mayoritario destaca que la defensa esgrimida por la ART de que carece del Poder
    de Policía, esto es de poder sancionar a sus empleadoras afiliadas por incumplimientos a las normas de
    seguridad, tampoco es óbice para eximirla de responsabilidad, en la medida que tiene dos obligaciones
    indiscutibles y relevantes. Por un lado, el deber de prevención de los riesgos, que esta visto comparte
    con la empleadora y por el otro la obligación de denunciar al ente regulador los incumplimientos de su
    asegurada.
    El fallo fue firmado por mayoría por los Dres. Carlos Fayt, Enrique Santiago Petracchi, Juan Carlos
    Maqueda y Raúl Zaffaroni.
    El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti en minoría votó en disidencia, ratificando lo expuesto ya en los
    antecedentes "Busto", "Soria" y "Galván" -pero en este fallo sin la adhesión del Dr.Carlos Fayt como
    había ocurrido en aquellos casos- admitió el recurso extraordinario de la ART proponiendo dejar sin
    efecto la sentencia condenatoria a la ART dispuesta por la Sala VI de la CNAT.
    III.3. El voto del Dr. Lorenzetti
    El Dr. Ricardo Luis Lorenzetti, esencialmente sostuvo en el considerando 8 de su voto que "no se
    distingue correctamente como es menester entre la acción resarcitoria derivada de la Ley de Riesgos del
    Trabajo y la que se basa en la opción por la acción civil", que el incumplimiento del "deber legal tiene
    consecuencias específicas dentro del aludido microsistema normativo" y que el ejercicio de la llamada
    opción por la acción civil por parte del actor impide la "acumulación de un sistema basado en la
    seguridad social con uno civil, en distintos aspectos y según el caso. El derecho vigente no permite esa
    vía y la misma tampoco es razonable al fracturar todo esquema de previsibilidad".
    Disentimos con este razonamiento.La LRT a diferencia de los sistemas legales precedentes no establece
    un sistema de opción, sino que habilita la acumulación de ambas acciones indemnizatorias, es decir, la
    tarifada y la integral basada en el derecho civil, de la cual se deduce la primera. Este derecho fue
    mencionado en el caso "Aquino" y ratificado por la misma Corte Suprema de Justicia de la Nación en
    el caso "Llosco" (23) donde se señaló la compatibilidad de la aseguradora de percibir las
    indemnizaciones tarifadas previstas en la LRT y reclamar asimismo del empleador la reparación civil
    con reproche constitucional del art. 39 párrafo 1º de la LRT.
    Por otra parte, si bien el sistema establece sanciones administrativas para los incumplimientos de las
    obligadas, tanto de las empleadoras como de las ART, esta situación en nada impide que deban reparar
    los daños a terceros que causen las acciones u omisiones de las mismas. Por ejemplo, nadie puede
    sostener que una condena penal exima a un responsable de un delito, del resarcimiento civil por los
    daños que su accionar ilícito produjo. Se trata en todos los casos de caminos paralelos que, obvio es
    señalarlo, tienen entre sí una influencia recíproca, pero no invalidan las consecuencias independientes y
    paralelas de cada una de ellas.
    En este sentido, el art. 32 de la LRT determina que: "el incumplimiento de los empleadores
    autoasegurados, de las ART y de las compañías de seguro de retiro de las obligaciones a su cargo, será
    sancionado con una multa de 20 a 2000 ampos, si no resultare un delito más grave".
    No cabe duda, entonces, acerca del carácter eminentemente penal de las sanciones que se le pueden
    aplicar a las ART, las que en modo alguno purgan su responsabilidad civil no prevista en el régimen de
    la LRT.
    En este sentido es categórico el art. 1081 CCiv. que señala:"La obligación de reparar el daño causado
    por un delito pesa solidariamente sobre todos los que han participado en el como autores, consejeros o
    cómplices, aunque se trate de un hecho que no sea penado por el derecho criminal".
    Al no acreditar el cumplimiento de las obligaciones legales previstas por la LRT, la ART queda incursa
    en responsabilidad frente a las afecciones incapacitantes padecidas por el damnificado, es decir, incurre
    en conducta culposa, consistente en la omisión de aquellas diligencias que exigiere la naturaleza de la
    obligación y que correspondiese a las circunstancias de las personas, del tiempo y del lugar (doctrina
    del art. 512 del CCiv.) por lo que debe responder por el daño ocasionado (art. 1074, CCiv.) en los
    términos de los arts. 1066, 1068 y 1081 del Cód. Civil.
    La percepción de las prestaciones dinerarias de la LRT y las provenientes del derecho civil por la
    declaración de inconstitucionalidad del art. 39, párrafo primero, no impiden que la ART deba responder
    por los daños derivados de sus incumplimientos a los deberes que se le imponen y que tengan nexo de
    causalidad adecuado con el acaecimiento del infortunio.
    En esta línea de pensamiento, como la LRT intrasistémicamente carece de una forma de reparar estos
    daños ocasionados a los trabajadores que exceden la tarifa, debe recurrirse a las previsiones del derecho
    común en el ya referido art. 1074 del Código Civil, en concordancia con los arts. 1066, 1067 y 1068 del
    mismo cuerpo normativo.
    El Dr. Lorenzetti afirma que en el supuesto de "que el Estado haya derivado en las ART el control de
    policía, tampoco puede derivarse de ello la responsabilidad, ya que el Estado no responde por los
    accidentes de este tipo" donde, a su entender, exista una "omisión de control abstracta" (considerando
    10 de su voto).
    No son comparables las actuaciones y responsabilidades del Estado con las de las ART.En este último
    caso se le han impuesto deberes muy precisos y concretos, los ya reiteradamente señalados, de los arts.
    4, 31 de la LRT y el Decreto 170/96, cuyo incumplimiento, que no evita los daños previsibles, tiene
    que forzosamente dar lugar a responsabilidades de orden civil, más allá de las referidas sanciones de
    naturaleza administrativa o penal.
    Por otra parte el voto mayoritario insistió que el de la LRT es un sistema eminentemente preventivo, en
    el cual las ART ostentan un rol protagónico que excede el mero aseguramiento y otorgamiento de las
    prestaciones, de modo tal, qu e sus conductas deben ser analizadas rigurosamente en este contexto.
    No puede tampoco dejarse de contemplar que las aseguradoras desarrollan una actividad comercial y
    están cobrando una alícuota que incluye brindar asesoramiento, capacitar al personal, controlar el
    cumplimiento de las normas de seguridad y realizar los exámenes periódicos, entre otras obligaciones.
    Cabe recordar que la LRT adoptó la política legislativa de que el Estado controla el funcionamiento de
    las ART a través de la SRT, mientras que aquellas deben controlar a cada una de sus aseguradoras,
    denunciando al ente regulador los incumplimientos de éstas.
    También el Dr. Lorenzetti adhiere al precedente "Rivero" de la Corte Suprema en su composición
    anterior, "por considerar, en sustancia, que el incumplimiento por parte de la aseguradora de las
    obligaciones y cargas en materia de prevención y vigilancia y la omisión de efectuar recomendaciones
    en ese caso acerca del uso de cinturón de seguridad no alcanzaban para responsabilizarla, toda vez que
    el siniestro había ocurrido por causas eminentemente físicas que no se hubieran evitado con el
    despliegue de actividad cuya falta se reprochaba.Máxime, cuando no tenía el deber de vigilar
    cotidianamente la labor durante toda la jornada, ni instruir sobre el modo de realizarla careciendo de la
    potestad de impedirlas en hipótesis de riesgo" (considerando 10 de su voto).
    Este razonamiento puede llegar a la interpretación, que cualquiera fuese el incumplimiento de la
    aseguradora de sus obligaciones en materia de prevención de los riesgos derivados del trabajo, ello
    nunca podría constituir la causalidad jurídica computable a los fines de su responsabilidad, lo que
    constituiría un apartamiento palmario del derecho, al consagrar implícitamente, una suerte de exención
    de responsabilidad civil, absoluta y permanente, de las aludidas empresas en el marco obligacional
    indicado. (24)
    La responsabilidad civil de las ART remite a cuestiones de hecho que deben analizarse en cada caso
    concreto, debiéndose demostrar el nexo de causalidad adecuado entre el daño sufrido por el
    damnificado y las conductas omisivas de la aseguradora respecto a sus deberes legales de contralor de
    la empleadora. Lo que no puede admitirse es una posición dogmática y de tal rigidez, que
    prácticamente convierta en ilusoria e inaplicable a las ART el régimen general de responsabilidad civil.
    En este sentido, en el último considerando de su voto (Cons. 12) el Dr. Lorenzetti, parece contradecir
    sus opiniones anteriores, coincidiendo con el considerando 8 del voto de la mayoría.
    En efecto, señala el Presidente de la Corte Suprema: "que la solución a la que se arriba no importa
    colocar a una ART al margen del régimen de responsabilidad del Código Civil, ni consagrar una
    excepción general haciendo hincapié en lo que no les está permitido soslayando sus obligaciones.
    Importa sí, efectuar dos precisiones esenciales. La primera, que no cabe responsabilizar a las
    aseguradoras si no concurren los presupuestos del deber de reparar, entre los que se encuentra el nexo
    causal adecuado.La segunda, que las omisiones de los deberes de control y prevención, por sí solos no
    autorizan a establecer una regla general y abstracta que los erija automática e inexorablemente en
    condición apta para producir el resultado dañoso con prescindencia del curso normal de los
    acontecimientos."
    Comparte con la mayoría el hecho de que las ART no pueden quedar al margen del sistema general de
    responsabilidad previsto por el Código Civil " en el caso de que se demuestre los presupuestos de
    aquél, que incluyen tanto el acto ilícito y la imputación, cuanto el nexo causal adecuado (excluyente o
    no) entre dichos daños y la omisión o el cumplimiento deficiente por parte de la primera de sus deberes
    legales" (considerando 8 del voto mayoritario).
    Por otro parte, nadie puede sostener, tampoco el voto de la mayoría lo propone, la existencia de una
    "regla general y abstracta" para responsabilizar civilmente en todos los casos a las ART. Se trata
    simplemente de una posibilidad siempre que se cumplan los presupuestos de la responsabilidad civil, a
    analizarse en cada caso. Es decir no puede dogmáticamente negarse la posibilidad de la existencia de
    tal condena, ni admitírsela automáticamente en todos los casos.
    No se trata de que cualquier accidente determine la responsabilidad civil de la ART, sino que debe
    existir ese vínculo causal adecuado que significa que si se hubiera cumplido con la obligación legal de
    contralor se hubiera evitado el infortunio o disminuido las consecuencias del mismo. Para determinar la
    causa de un daño, como señalaron los Jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos
    Aires, parece conveniente hacer -ex post facto- un cálculo de probabilidad, preguntándose si la acción u
    omisión de la ART es por sí misma apta para ocasionar el daño según el curso ordinario de las cosas.De
    tal modo que la respuesta afirmativa determinaría que la omisión sería adecuada para producir el daño,
    derivándose de la misma la imputabilidad civil de la aseguradora (25).
    Por otro lado, cabe reiterar lo señalado en el voto de la mayoría de que la carencia del Poder de Policía,
    esto es de poder sancionar a sus empleadoras afiliadas por incumplimientos a las normas de seguridad,
    no es óbice para eximirla de responsabilidad, en la medida que tiene dos obligaciones indiscutibles y
    relevantes. Por un lado el deber de prevención de los riesgos, que está visto comparte con la
    empleadora y por el otro la obligación de denunciar al ente regulador los incumplimientos de su
    asegurada.
    IV. CONSECUENCIAS DEL CASO "TORRILLO"
    Como se ha venido señalando, esta sentencia de la Corte Suprema pone fin a la diferentes
    interpretaciones jurisprudenciales, determinando la adhesion del máximo Tribunal a la tesis amplia de
    la responsabilidad civil de las ART.
    Esto significa que en el caso de que las aseguradoras, no cumplan con la actividad diligente que le
    impuso el legislador en relación a la prevención de los riesgos, puede ser condenadas civilmente por los
    daños sufridos por el trabajador, que tengan un nexo de causalidad adecuada con las omisiones a los
    deberes de higiene y seguridad del trabajo, que hubiera incurrido la empleadora y que no fuera
    prevenido, controlado o denunciado por la ART.
    Como ha señalado Eduardo ÁLVAREZ, si el diagnóstico y el control de la implementación del deber
    de prevención y seguridad, están a cargo de la ART, que "es la que sabe", no existe ninguna razón para
    liberarla de responsabilidad y en particular si se tienen las referidas obligaciones legales previstas en
    los arts. 4 y 31 de la LRT (26).
    En este sentido es elocuente el art. 902 del CCiv. que dice:"Cuando mayor sea el deber de obrar con
    prudencia y pleno conocimiento de las cosas, mayor será la obligación que resulte de las consecuencias
    posibles de los hechos".
    Precisamente este artículo del Código Civil refiere la mayor imputación de las consuecuencias de los
    hechos en virtud de los especiales conocimientos que se le pueden atribuir al agente.
    Cabe aclarar que para condenar civilmente en estos términos a una ART, el juzgador debe encontrar
    acreditados los presupuestos de la responsabilidad civil: la antijuridicidad, el daño y la relación de
    causalidad adecuada entre las omisiones referidas y el daño.
    La verificación de los presupuestos de responsabilidad remite a cuestiones de hecho y de prueba que
    deben analizarse caso por caso.
    Es necesario analizar frente a cada siniestro si la omisión de la ART a sus deberes de contralor,
    información y capacitación del personal, fue una condición para el acaecimiento del siniestro.
    Es decir, luego de constatarse el incumplimiento por parte de la ART de sus obligaciones, se debe
    verificar si dichos incumplimientos tuvieron incidencia en causar el infortunio.
    Para determinar la causa del daño se debe hacer ex post facto un juicio o cálculo de probabilidad:
    prescindiendo de la realidad del suceso ya acontecido habrá que preguntarse si la acción omisión de la
    ART era apta para que se produjera el daño según el curso ordinario de las cosas. Si se contesta
    afirmativamente de acuerdo a la experiencia diaria de la vida, se declarará que la omisión era adecuada
    para producir el daño, el que será entonces objetivamente imputable a la ART. Si se contesta que no,
    entonces, faltará la relación causal (27).
    El daño es generado por el empleador, pero es posible que la acción esperada de la ART hubiera
    evitado o disminuido el mismo.Por ello como señala Bueres".sin perjuicio de la existencia previa de un
    proceso causal que desencadena el daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando
    el ordenamiento se lo impone, tiene virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal" (28).
    Según Isidoro GOLDEMBERG la teoría de la causalidad adecuada aquilata la adecuación de la causa
    en función de la posibilidad y probabilidad de un resultado, atendiendo a lo que corrientemente acaece
    según lo indica la experiencia diaria en orden al curso ordinario de los acontecimientos (29).
    Agrega este autor que el concepto de "causalidad adecuada" implica el de regularidad apreciada de
    conformidad a lo que acostumbra suceder en la vida misma. Es decir, para que exista relación causal, la
    acción tiene que ser idónea para producir el efecto operado, tiene que determinarlo normalmente (30).
    En definitiva, la previsión es la base de esta responsabilidad. Si ha existido ilicitud, negligencia y daño
    previsible, existe un "daño injustamente padecido", que debe ser reparado.
    De tal modo que esta norma establece la regla de conducta de mayor previsibilidad a aquellos sujetos
    que la sociedad ha otorgado especiales deberes de seguridad en virtud de las funciones asistenciales que
    cumplen.
    Para dilucidar la responsabilidad civil de las ART en cada caso concreto, será necesario recurrir a la
    teoría general del derecho civil que requiere la confluencia inescindible de los siguientes factores: a)
    antijuridicidad, cuando un acto infringe un deber legal preexistente (esta infracción puede ser por
    acción o comisión, o de omisión o culpa por abstención); b) el daño injustamente padecido; c) una
    relación de causalidad adecuada entre el acto (comisión u omisión) y el daño; y d) el dolo o la culpa.
    La obligación de prevenir los riesgos laborales constituye una obligación de medio que, si no está
    cumplida, tiene como consecuencia lógica y legal (art. 1074 del CCiv.) que la ART deba responder
    plenamente.Si cumple con las obligaciones que le asigna la LRT, verificando en forma efectiva el
    estado de las instalaciones y denunciando ante la SRT el déficit e incumplimientos de la empleadora, la
    aseguradora estará exonerada de responsabilidad.
    En los actos de comisión se prohibe un efecto que se puede provocar positivamente. (golpear, disparar
    un arma), o negativamete (cuando la enfermeras omite suministrar un medicamento al paciente)
    En cambio en las omisiones ilícitas el omitente se abstiene de realizar una conducta que le es exigible
    por el ordenamiento jurídico. El art. 1074 del Código Civil se refiere a estas omisiones puras y se
    vincula con la antijuiricidad. En consecuencia, aunque el sujeto no cause el daño, ni su actitud negativa
    sea condición de él, puede suceder que la acción esperada y jurídicamente exigible habría evitado o
    disminuido ese daño. Sin perjuicio de la existencia previa de un proceso causal que desencadena el
    daño, la falta de interposición del omitente para conjurarlo cuando el ordenamiento se lo impone tiene
    virtualidad suficiente para considerar que hay relación causal (31).
    Cabe agregar que no se pretende que la ART tenga que evitar todo accidente -lo que es materialmente
    imposible- se trata de exigirle un comportamiento diligente en relación a sus obligaciones legales. Su
    deber consiste en no actuar culposamente. En concreto, se sanciona la inobservancia de la obligación
    general de conducirse con la prudencia, cuidado y diligencia para evitar daños al trabajador, conforme
    la regla general establecida en el art. 1109 del Código Civil. Se la exime de responsabilidad si prueba
    que cumplió con las obligaciones que le eran exigibles y que hubieran evitado el infortunio.
    Es conveniente que el Juez de la causa en un infortunio del trabajo deba integrar la litis, aun de oficio,
    con todos aquellos sujetos cuyas actuaciones podría observar, prima facie, relación causal con el
    infortunio.También debe integrarse la litis con la ART en la que estuviera afiliado el empleador, aun
    cuando no haya sido expresamente demandado, pues ésta no puede quedar relevada de satisfacer las
    obligaciones que ha contraído en el marco de la Ley de Riesgos del Trabajo. Ello posibilita también
    que el empleador pueda encontrar protección en la medida de su aseguramiento. Evita, asimismo, el
    enriquecimiento sin causa de las aseguradoras y preserva derechos irrenunciables del trabajador (32).
    Esta sentencia del Máximo Tribunal, en torno a responsabilizar civilmente a las aseguradoras,
    seguramente determinará en ellas, un cambio de actitud, a la hora de destinar mayores recursos para la
    prevención.
    Esta apreciación se confirma por las conclusiones dadas a conocer oportunamente por la SRT a través
    del (hoy disuelto) Sistema de Indicadores de Evaluación de Desempeño de las ART (SIEDART), que
    ya fueron mencionadas en la introducción, en el que se constataron: baja calidad de atención a las
    víctimas en casos graves; alarmante (por lo reducida) proporción de especialistas en higiene y
    seguridad de cada ART con relación a trabajadores asegurados; y un alto porcentaje de exámenes
    periódicos no realizados.
    Por otra parte, el seguro de riesgos del trabajo que abonan las empleadoras tiene actualmente un costo
    irrisorio del 2,58% promedio de la masa salarial, porcentaje aún menor a la tasa del 3% fijada como
    deseable al inicio del funcionamiento de la Ley (33). Esta alícuota desnaturaliza su función y la torna a
    priori, ineficaz. Es el resultado lamentable del proceso de concentración y de la "guerra de tarifas" que
    desataron las ART desde el lanzamiento del sistema de riesgos del trabajo en el año 1996.
    La sentencia de la Corte Suprema tendrá seguramente un fuerte impacto en esta realidad.Esperemos
    que el mismo sea positivo en la dirección de eficientizar las medidas de prevención y no simplemente
    ejecutar una gestión burocrática de efectuar denuncias masivas a la SRT respecto de los
    incumplimientos de sus aseguradas para eludir sus responsabilidades legales.
    Finalmente frente a la reforma en ciernes a la LRT, siempre hemos sostenido que la misma deberá
    respetar en sus contenidos cada uno de los fallos de la Corte Suprema a fin de no repetir situaciones de
    inconstitucionalidad y conflictividad.
    Dentro de este marco el caso "Torrillo", determinará en la nueva Ley que los deberes legales que se les
    impongan a las ART en relación a la prevención de los riesgos, deberán estar sustentados en su
    responsabilidad civil plena frente a las víctimas por los daños que sus conductas omisivas generen, en
    la medida que exista un nexo de causalidad adecuada entre dichos daños y el cumplimiento deficiente
    de sus obligaciones.
    Aun en el supuesto, no deseable, que en la futura reforma legislativa, no sea consagrada
    normativamente esta doctrina de la Corte Suprema, igualmente permanecerá vigente y será de
    aplicación inexorable por los Tribunales Inferiores de la Nación.
    ----------
    (1) CSJN, 31/03/2009, "Torrillo Atilio Amadeo y otro c/Gulf Oil Argentina S.A. y otro"
    (2) CSJN, 17/04/2007, B.915.XLII, Recurso de Hecho. "Busto, Juan Alberto c/ QBE Aseguradora de
    Riesgos del Trabajo SA".
    (3) CSJN, 30/10/2007, "Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina SA y otro".
    (4) CSJN, 10/04/2007, "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES SA y otro".
    (5) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 9 de mayo de 2007, Causa L. 83.118,
    "S. V., J. contra ‘Incido SRL’. Accidente".
    (6) ÁLVAREZ, EDUARDO, "Responsabilidad de las ART y aplicación del art. 1074 del Código
    Civil", Revista de Derecho Laboral, Ley de Riesgos del Trabajo, II, p. 79, Rubinzal-Culzoni y
    Dictamen 27107 del 19.05.99 en autos "Rivero, Mónica Elvira y en referencia a sus hijos menores
    Elisa, Sebastián y Elisa Noelia P.c/ Techno Técnica SRL s/ Accidente-Acción Civil".
    (7) ÁLVAREZ, op. cit., p. 79.
    (8) Idem nota 104.
    (9) DIEZ PICASO, LUIS, Derecho de Daños,p. 338, Nro. IV.
    (10) TRIGO REPRESAS, FÉLIX A.-LÓPEZ MESA, MARCELO J. Tratado de la Responsabilidad
    Civil, T. I. p. 609.
    (11) ÁLVAREZ, EDUARDO, "La responsabilidad civil de las ART por deficiencias en la prevención",
    Revista Derecho del Trabajo, 2007, pág. 1168.
    (12) CNAT, Sala III, Expte. 24832/99, Sentencia 84779, 30/4/2003, "Arellano, Julio c/ Curtarsa, s/
    despido" donde se expresó: «Aunque el fundamento de la acción intentada no haya sido la Ley 24557
    sino las normas del derecho común (en el caso se demanda por daño moral), como el accidente sufrido
    por el actor se encuentra entre los cubiertos por el seguro de riesgos del trabajo, corresponde se
    extienda la condena a la ART. Esto es así porque de resolverse de otro modo, vale decir, eximiendo a la
    ART de toda responsabilidad por la condena dictada en autos, se causaría grave daño al empleador, a
    quien la misma legislación que le impone la obligación de contratar el seguro, le garantizaba
    -supuestamente- que estaba cubierto por cualquier infortunio que pudieran sufrir sus dependientes»; y
    CNAT, Sala III, en la Sentencia 83626, del 30 de mayo del 2002, en los autos caratulados "Roibal, Juan
    c/ Raico SA s/ Accidente", ídem CNAT, Sala III, Sentencia 84383 del 12/12/2002, "Cañumil, Dasio c/
    Alpargatas Textil SA s/ Accidente", donde se expresó que «aunque la aseguradora haya realizado las
    inspecciones y recomendaciones a la empresa, no puede ampararse en tal conducta para no responder
    solidariamente ante el derecho del trabajador a ser resarcido, dentro del marco de la acción civil
    intentada ya que el empleador se encontraba obligado legalmente a contratar un seguro y la misma
    legislación que le imponía tal obligación le garantizaba que estaba cubierto por cualquier infortunio que
    pudieran sufrir sus dependientes.En tal sentido el enriquecimiento de la ART que percibió la póliza y el
    daño ocasionado al empleador que contrató el seguro de riesgos del trabajo y ha solicitado ser
    mantenido indemne, impone admitir la extensión de la condena a la aseguradora, por los montos
    asegurados en virtud del principio iura curia novit y lo dispuesto por los arts. 907 del C. Civil; 163, inc.
    6, del CPCCN; 110, 111 y 118 Ley 17418; 14 de la Ley 24557 y 17 de la CN".
    (13) Tribunal Superior de la Provincia de Córdoba, "García, José F. c/ Ingeniero Cumino y Cía SRL",
    Incapacidad. Recurso de Casación del 05 de Junio del 2007.
    (14) LÓPEZ MESA, M., "El enriquecimiento sin causa en el derecho actual", Tratado de la
    Responsabilidad Civil, Tomo I, Félix A. Trigo Represa; Marcelo J. López Mesa, La Ley, 2004, pág.
    178.
    (15) LÓPEZ MESA, opinión citada en n. 14 pág. 214.
    (16) CSJN, 3/10/02, "Rivero, Mónica E. c/ Techo Técnica SRL s/ Acción civi", TySS, 2002, p. 1029.
    Cabe consignar que en este caso la decisión de la Corte no fue unánime. Los Dres. Fayt y Moliné
    O’Connor adhirieron al Dictamen del Procurador General de la Nación que proponía revocar el fallo de
    la Sala VIII de la CNAT haciendo responsable civilmente a la ART en ese caso concreto por la
    existencias de los presupuestos de responsabilidad y nexo de causalidad que se configuraban en el caso.
    (17) ÁLVAREZ, E., opinión citada en 19.
    (18) CSJN, 17.04.2007, B.915.XLII, Recurso de Hecho. "Busto, Juan Alberto c/ QBE Aseguradora de
    Riesgos del Trabajo SA".
    (19) CSJN, 10.04.2007. Recurso de hecho deducido por la actora "Soria, Jorge Luis c/ RA y CES SA y
    otro".
    (20) CSJN, 30.10.2007, "Galván, Renée c/ Electroquímica Argentina SA y otro".
    (21) CNAT, Sala VI, S.D. 60.271 del 05/03/2008 Expte. N° 25.649/03 "Torrillo Atilio Amadeo y otro
    c/Gulf Oil Argentina S.A.y otro s/daños y perjuicios".
    (22) Bueres Alberto J. y Highton Elena I, Código Civil y normas complementarias, Análisis doctrinario
    y jurisprudencial, Tomo 2b. pagina 901. Editorial Hammurabi
    (23) CSJN, 12/06/2007, "Llosco, Raúl c/ Irmi SA".
    (24) CSJN, 10/04/2007, "Soria Jorge Luis, c/ RA y CES S.A. y otros" (voto de la mayoría).
    (25) Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 9 de mayo de 2007, Causa L. 83.118,
    "S. V., J. contra ‘Incido SRL’. Accidente".
    (26) ÁLVAREZ, E., "Responsabilidad de las ART y aplicación del art. 1074 del Código Civil", Revista
    de Derecho Laboral, Ley de riesgos del Trabajo, II, p. 79, Rubinzal Culzoni.
    (27) TRIGO REPRESAS, Félix - LOPEZ MESA, Marcelo, Tratado de la Responsabilidad Civil, T. I,
    p. 608.
    (28) FOGLIA, Ricardo A., "Régimen para obtener las prestaciones de la LRT", en Riesgos del Trabajo,
    obra dirigida por RODRÍGUEZ MANCINI Jorge, y FOGLIA, Ricardo A., Editorial La Ley, p. 661.
    (29) GOLDEMBERG, Isidoro H., "La relación de causalidad en la responsabilidad civil", Segunda
    Edición, Editorial La Ley, p. 23.
    (30) GOLDEMBERG, Isidoro H., obra citada, p. 23.
    (31) BUERES, Alberto J. - HIGHTON, Elena I, Código Civil y normas complmentarias, Análisis
    doctrinario y jurisprudencial, T. 3 A, Editorial Hammurabi, p. 61 y 62.
    (32) Dictamen del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la
    Universidad Nacional de La Plata.
    (33) Cifras para 2008, Fuente UART, Diario Clarín 18/01/2009, donde se afirma que la cifra en pesos
    de la cuota promedio promedio asciende a sólo $ 72,6.
    (*) Abogado especializado en Derecho del Trabajo. Profesor en la Maestría de Derecho del Trabajo y
    Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad de Tres de Febrero y en el Posgrado de
    Derecho del Trabajo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Ex asesor
    legislativo de la Cámara de Diputados de la Nación. Ex presidente de la Asociación de Abogados
    Laboralistas. Autor de numerosos artículos y expositor en diversos cursos, paneles y jornadas de su
    especialidad. Artículo disponible en SCHICK, Horacio, Riesgos del Trabajo. Temas fundamentales,
    Editorial David Grinberg, Buenos Aires, 2009, Cap. 4.
     
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